Dan carta de antecedentes no penales a 179 víctimas de la represión de Ulises Ruiz


OAXACA, Oax. Proceso- (apro).- La Secretaría de Seguridad Pública de la entidad expidió 179 cartas de antecedentes no penales a igual número de personas que fueron detenidas durante el conflicto sociopolítico de fines de 2006 y principios de 2007, durante el gobierno de Ulises Ruiz.

En ese entonces, fueron detenidas 383 personas en 33 operativos efectuados por las fuerzas federales contra profesores y organizaciones civiles, como la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).

Sin embargo, de las 290 personas detenidas en la tercera fase de investigación, a 149 se les instruyeron dos causas penales, como probables responsables de la comisión de los delitos de sedición, terrorismo, daños por incendio, robo y robo de vehículos.

De acuerdo con un informe de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el 25 de noviembre de 2006 fueron detenidas 139 personas acusadas de incendiar inmuebles públicos y privados, como el edificio del Tribunal Superior de Justicia, un Juzgado de Distrito, el Teatro Juárez, la Secretaría de Turismo, la agencia de viajes Mexicana, el hotel Camino Real, la Asociación de Hoteles y Moteles de Oaxaca, una tienda de artesanías, una sucursal de Banamex y vehículos oficiales y particulares.

Adicionalmente, se documentó que cinco causas se instruyeron en contra de 72 integrantes de la APPO por los delitos de sedición, asociación delictuosa, ataques a las vías de comunicación y resistencia de particulares, con motivo de enfrentamientos que tuvieron con los policías federales preventivos, en las barricadas que instalaron en avenida Universidad, en Cinco Señores, y en el cruce de las calles de 20 de Noviembre y Emilio (Eduardo) Mata, que impedían el tránsito peatonal y vehicular.

Por solicitud del entonces secretario de Protección Ciudadana, Lino Celaya Luria, las 139 personas detenidas, inicialmente internadas en los reclusorios de Miahuatlán y Tlacolula, fueron trasladadas a los penales de máxima y mediana seguridad de La Palma, en Almoloya de Juárez, Estado de México; el Centro de Matamoros, Tamaulipas y el reclusorio de Tepic, Nayarit.

Celaya Luria solicitó que los 139 presos fueran trasladados a penales federales por considerar que “representaban un alto grado de peligrosidad, no en lo individual, sino en su conjunto, por ser miembros o simpatizantes de la APPO, lo que ponía en riesgo a la población penitenciaria y la seguridad del reclusorio en que se encontraban, así como la seguridad de la población civil, en virtud de los últimos acontecimientos suscitados en el estado”.

Los detenidos posteriormente fueron liberados por falta de elementos para procesar, otros obtuvieron su libertad bajo caución.

A seis años de la revuelta social, el gobernador Gabino Cué reconoció públicamente la responsabilidad del Estado y entregó 179 cartas de antecedentes no penales a las víctimas de la represión que ejerció el gobierno de Ulises Ruiz Ortiz.

El acto público, al que no se invitó a la prensa, se realizó el pasado 14 de junio en el marco del aniversario del “fallido desalojo” de la policía en contra de los maestros de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación que originó que el zócalo de Oaxaca estuviera tomado durante más de seis meses.

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